Constitución de 1863

Las actitudes del Gobierno de la Confederación Granadina alertaron a los gobernadores de los estados sobre una posible intervención del Gobierno central en la política interior de cada estado. La reacción se desató en 1860 cuando Tomás Cipriano de Mosquera, presidente del estado del Cauca, se rebeló contra el Gobierno de Bogotá y declaró la independencia del estado que él gobernaba.
Otros estados hicieron lo mismo y ante el descontento general, Mosquera se nombró a sí mismo supremo director de guerra y declaró la guerra al gobierno conservador de Ospina.

El conflicto dio el triunfo a Mosquera quien, desde 1861, se había proclamado presidente provisional de la República. Posesionado de su cargo, ejerció la presidencia como un dictador mientras convocaba a una convención para redactar una nueva constitución. En medio de la guerra se creó el estado de Tolima.
El rasgo más sobresaliente de la dictadura de Mosquera fue su política anticlerical. Poco después de asumir la presidencia ordenó la expulsión de los jesuitas y el destierro del Arzobispo de Bogotá. Además, decreto la tuición de cultos, es decir, una ley que prohibía a los religiosos ejercer sus funciones sin autorización del Gobierno. Mediante el decreto de desamortización de bienes de manos muertas, expropió los bienes que pertenecían a comunidades religiosas que no podían ser puestos en venta. Las comunidades que se opusieron a este decreto fueron abolidas.

En realidad, lo que se pretendía con esta ley no era solamente atacar a la Iglesia sino también mejorar la situación del Tesoro Nacional. Las tierras expropiadas pasaron a manos del Estado que las vendió al mejor comprador. En esta forma, la ley no favoreció a los campesinos sin tierras ya que los bienes expropiados fueron adquiridos por ricos comerciantes y terratenientes.

En medio de la guerra civil, que continuaba porque algunos sectores de la población no estaban conformes con la dictadura, Mosquera convocó a una convención para elaborar una nueva constitución. La convención, compuesta en su mayoría por liberales radicales, es decir, por el ala del liberalismo que pretendía aplicar en el país los más puros principios del liberalismo clásico, se reunió en Rionegro en 1863, y redactó una nueva carta constitucional. Se inició entonces el período radical, que se extendió hasta 1885.

CONSTITUCION DE 1863

Los siguientes son los aspectos más sobresalientes de la Constitución de Rionegro proclamada en 1863 y que puede considerarse como la más liberal que ha tenido nuestro país:

Suprimió el nombre de Confederación Granadina y dio al país el nombre de Estados Unidos de Colombia, que comprendía una federación de estados dentro del más absoluto sistema federal. Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima conformaban los Estados Unidos de Colombia y cada uno de ellos gozaba de autonomía: podían dictar sus propias leyes, tener ejército propio y administrar justicia independientemente del Gobierno Nacional.

Proclamó libertades individuales tales como libertad de comercio, de opinión, de imprenta, de enseñanza, de asociación, etc. Así mismo, concedió a los ciudadanos el derecho de portar armas y de comerciar con ellas y libertad para entrar y salir del país sin pasaporte ni autorización. También suprimió la pena de muerte. Además, concedió la ciudadanía colombiana a cualquier ciudadano de las repúblicas hispanoamericanas que residiera en nuestro país.

Estableció la separación entre la Iglesia y el Estado y prohibió al clero adquirir propiedades. Igualmente, proclamó el derecho del gobierno para inspeccionar todos los cultos religiosos.

Redujo el período presidencial de 4 a 2 años y quitó poderes al presidente de la República. La máxima autoridad de la nación residía en el Parlamento por ser este el representante de los ciudadanos. El Parlamento estaba compuesto por 2 cámaras: el Senado que debía aprobar todos los nombramientos hechos por el ejecutivo y la Cámara compuesta por un representante por cada 50.000 habitantes. La administración de justicia dependía de las leyes de cada estado.

El papel del Estado quedó reducido al de vigilar el orden público y garantizar que se respetaran las libertades individuales. Además se le privó de intervenir en las actividades económicas.

La Convención eligió como presidente a Tomás Cipriano de Mosquera hasta 1864, fecha en la cual se realizaron elecciones, tal como lo disponía la Constitución.

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